El 1 de mayo, como todos los años, el sindicato de árbitros del fútbol juntó a sus afiliados. En las dependencias de la ANFP, en Quilín, se organizó una fiesta en la que participaron jueces de todo el país. La idea, como es una costumbre en la festividad, era pasar un buen rato y, eventualmente, conversar de fútbol sin la presión que implica estar en el campo de juego, con la obligación de aplicar el reglamento y, como es inherente al oficio, con todas las miradas encima. Y, naturalmente, conocerse entre quienes desempeñan una actividad común, pero que escasamente coinciden. Y menos masivamente.
Sin embargo, el festejo terminó mal. De la peor, e inimaginable, forma posible. Poco después de esa fecha, de hecho, se abrió una investigación, a cargo de Miguel Ángel Valdés, el Oficial de Cumplimiento del organismo que rige al fútbol chileno, bajo una grave denuncia en contra de uno de los árbitros que participó en la actividad: acoso.
Al ser consultados por El Deportivo, desde la ANFP explicaron que inmediatamente conocida la denuncia se implementaron los protocolos de acoso que existen para este tipo de casos. Se tomó declaración a todos los involucrados y luego se presentaron las denuncias tanto al Tribunal de Honor como a la Fiscalía, de acuerdo con lo que establece la ley.
El tenor
El relajo propio de un festejo y el consumo de alcohol (”se curó como huasca”, grafican) terminaron metiendo en un lío a Franco Jiménez, que integra la plantilla de los jueces que suelen ser asignados a los encuentros de la Primera B. Desde ese día, el árbitro en cuestión desapareció de las designaciones y pasó al estado de ‘congelado’ por la Comisión de Árbitros, que lidera Roberto Tobar.
La situación se mantiene en reserva, al menos formalmente. En el ámbito referil, en cambio, todos tienen claro a qué obedece su desaparición de las nóminas: envalentonado por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, Jiménez quiso seducir a una jueza del plantel de proyección del referato chileno. La señalan como proveniente de la región de Valparaíso, pero, en efecto, está radicada en Santiago. Lo hizo pésimo, al punto de que su actuación constituye, cuando menos, una grave falta. Un arbitraje suficientemente golpeado por la hilera de situaciones anómalas que se han conocido en el último tiempo. Una seguidilla que partió con el complot destinado a remover a Javier Castrilli de la testera de la Comisión que rige al referato y que, lejos de detenerse, solo ha sumado nuevas controversias. Algunas de ellas, de tramas y detalles escabrosos.
La afectada siguió los canales formales. Consciente de que había sido víctima de una situación peligrosa y de alta gravedad, elevó la respectiva denuncia a la Comisión de Árbitros, que a su vez la derivó al Oficial de Cumplimiento, quien instruye las respectivas indagatorias, conforme a la reglamentación vigente. De haber sanciones, las tendrá que adoptar el Tribunal de Honor. Incluso, la denuncia ya está ingresada en la fiscalía.
Directamente al oficial
La Comisión, aunque recibió los antecedentes preliminares, no tomó declaraciones a los involucrados. Optó por derivarlo al departamento competente. El caso pasó directamente a la oficina de Valdés, quien tiene a su cargo las indagatorias, como ya aconteció en la polémica que involucra a Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza, por un lado, y a Julio Bascuñán y Leslie Vásquez, por el otro. La naturaleza del cargo le encomienda, precisamente velar porque todas las conductas se enmarquen en un plano de absoluta correción.
Lo que sí se reconoce en el ámbito referil es que la prolongada ausencia de Jiménez en los encuentros obedece a la compleja situación que protagonizó. “Tiene que ver con la conducta que tuvo en esa fiesta”, admiten. La determinación es una suerte de medida cautelar, a la espera de lo que se decida en las otras esferas que tienen competencia en el asunto. Ahí, como les sucedió a Nahuelcoy y Toloza, puede recibir mano dura.
El lío protagonizado por Jiménez puede tener otra consecuencia, aunque de mucha menor relevancia en relación a la materia que está analizando: la decisión de no volver a realizar el masivo festejo anual. Esa determinación, teóricamente, le pertenece al sindicato, pero perdería un crucial respaldo: el de la entidad que provee el espacio donde suele desarrollarse. En la ANFP ya no quieren más problemas. Hay suficientes con los que han debido enfrentar en los últimos meses.
Original de La Tercera
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