La disputa entre Colo Colo, Juan Martín Lucero y Fortaleza ofrece detalles interesantes. El fallo de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA estableció que el delantero argentino sea suspendido por cuatro meses y el club brasileño no pueda realizar fichajes por dos ventanas de transferencias, pero desestimó la indemnización por US$ 2,1 millones que solicitaban los albos.
El diario brasileño O Povo escarba en los pormenores del dictamen, al que ambos equipos pretenden apelar. Los jueces a cargo fueron la brasileña Lívia Silva Kägi, vicepresidenta de la Cámara, la argentina Stella Maris Juncos y el costarricense Jorge Gutiérrez.
En el escrito de 20 páginas se realiza una detallada cronología de los hechos. “El 4 de enero de 2022, Colo Colo y Lucero celebraron un conjunto de bonos, que incluían un contrato de trabajo, un contrato federativo y un acuerdo de opción de compra de derechos. El 15 de noviembre de 2022, Colo Colo le informó al jugador que ejercería la opción de compra del 80% de los derechos económicos por US$ 900.000, en dos cuotas de US$ 450.000: la primera en enero de 2023 y la segunda en diciembre del mismo año”, comienza señalando.
“Entre el 26 y el 28 de diciembre, las partes intercambiaron correos electrónicos en los que discrepaban con la interpretación de varias cláusulas del contrato. En enero de 2023, el jugador le envió un comunicado a Colo Colo en el que le indicaba que pagaría 1 millón de dólares para terminar la relación. Los días 4, 5 y 8 de enero, Colo Colo le informó al jugador que los contratos aún estaban vigentes y lo exhortó a reinsertarse en el club”, prosigue.
“El 5 de enero, Colo Colo informó a Fortaleza que Lucero tenía contrato vigente y le advirtió que no fichara al jugador. El 9 de enero, el jugador envió un comunicado a Colo Colo reforzando su posición; el mismo día, el club chileno convocó a Lucero para que se reincorporara a la plantilla. El 12 de enero Lucero envió el pago de 1 millón de dólares a Colo Colo. El 17 de enero, el jugador y Fortaleza firmaron un contrato de trabajo válido hasta el 31 de diciembre de 2026″, concluye.
De acuerdo a lo que reproduce el medio de comunicación brasileño, el fundamento para solicitar la indemnización de US$ 2,1 millones está basado en los US$ 1,2 millones que invirtieron para contratar a Darío Lezcano y los cerca de US$ 900 mil que contemplaban por venta de camisetas en 2023.
La defensa brasileña
Como respuesta, Lucero afirmó que Colo Colo notificó el uso de la opción de compra, pero no pagó la primera cuota de US$ 450 mil y que la cláusula 5 del contrato de opción de compra se trataba de una “cláusula penal” y cubría “directa o indirectamente, de forma prevista o imprevista, daños materiales y morales”.
“El delantero dice que los chilenos aceptaron ‘plácidamente’ el pago de 1 millón de dólares —el club dice que ‘el jugador no está diciendo la verdad’—, afirma que ‘cumplió con todas las obligaciones, envió la notificación de que ejercería la cláusula de salida y pagó la cantidad establecida en la cláusula quinta’ y pide que si la FIFA decide que el Cacique debe recibir alguna compensación económica, se deduzca de la cantidad ya pagada por él”, enfatiza el citado medio brasileño.
Fortaleza, por su parte, se defiende señalando que las cifras exigidas por el Cacique no proceden, porque afirman que Darío Lezcano estaba libre en el mercado y que el monto pagado para contratarlo se lo cancelaron directamente a él y argumentaron que los albos no presentaron pruebas sustanciales de que hubiesen sufrido pérdidas sin Lucero en el plantel de 2023.
Asimismo, el Tricolor insiste en que contrató a Lucero como agente libre y que no lo indujo a salir de Colo Colo. También pidieron que, si el delantero era condenado a pagarle a su exequipo, que Fortaleza no fuera considerado como responsable solidario y que las costas, cercanas a los US$ 40 mil, sean pagadas por el cuadro popular. La respuesta colocolina fue que su par brasileño no presentó ningún argumento válido para exonerarlo de responsabilidad.
En Brasil también afirman que Fortaleza buscaría un eventual acuerdo con el campeón chileno para poner fin a la controversia. Una de las opciones es pagar US$ 600 mil, pero antes de eso se aferran a la posibilidad de que su apelación sea exitosa. Mientras tanto, buscarán una autorización provisoria para que el goleador pueda seguir jugando mientras dure el litigio.
Original de La Tercera
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