La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) activó una estrategia para enfrentar la arremetida de Unión Española y Deportes Iquique, clubes que buscan revertir administrativamente su descenso a Primera B. Ambos equipos se amparan en una supuesta contradicción entre el Reglamento de la Asociación y las Bases del Campeonato Nacional 2025.
En Quilín reconocen que el conflicto ya superó el ámbito deportivo, especialmente tras las declaraciones de Jorge Segovia, propietario de Unión Española, quien advirtió que podría llevar el caso a la justicia ordinaria.
Refuerzo legal de la ANFP
En los últimos días, el directorio encabezado por Pablo Milad decidió reforzar su defensa con asesoría externa. La ANFP solicitó un informe a tres abogados especialistas en derecho deportivo, incluyendo uno radicado en el extranjero. El objetivo es blindar la postura institucional ante un escenario que podría escalar.
El eje central de la defensa de la ANFP es jerárquico: en Quilín insisten en que los Estatutos aprobados están por sobre el Reglamento y las Bases. Dichos Estatutos establecen una competencia con 16 clubes en Primera División, lo que, a su juicio, invalida cualquier interpretación que apunte a un torneo con 20 equipos o a descensos definidos por promedio trianual.
Argumentos de la ANFP
- El Reglamento vigente, aprobado en junio de 2024, quedó parcialmente desactualizado tras la entrada en vigor de los nuevos Estatutos.
- Varias disposiciones estaban en proceso de adecuación.
- Las Bases del Campeonato 2025, aprobadas por unanimidad en el Consejo de Presidentes, serían plenamente válidas.
- La ofensiva de Unión e Iquique se sostiene en un “resquicio legal” que no refleja la estructura actual del fútbol chileno.
Declaraciones de Jorge Segovia
El empresario español señaló: “Presentamos un reclamo por incumplimiento del Reglamento. El Reglamento está por encima de las Bases, y está para cumplirse. Si recibimos un portazo de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS.”
Estas palabras fueron interpretadas en Quilín como una presión directa al directorio, generando molestia en la dirigencia.
Posible intervención de la FIFA
La ANFP considera que llevar el conflicto a la justicia civil vulnera los principios que rigen al fútbol internacional. Por ello, la postura institucional es clara: si Unión Española e Iquique judicializan el caso fuera de los órganos deportivos, la Asociación recurrirá a la FIFA.
En Quilín aseguran que ya evaluaron ese escenario y que una acción en tribunales ordinarios habilitaría a la ANFP a denunciar a los clubes ante la FIFA, exponiéndolos a sanciones.
Propuesta híbrida y tensiones económicas
Unión Española e Iquique plantearon la opción de un escenario híbrido: competir en una Primera División con 18 clubes y recibir ingresos de la Primera B.
- En Primera División, un club recibe cerca de $300 millones.
- En Primera B, los ingresos bajan a $130 millones.
La ANFP interpreta esta propuesta como reflejo de la presión económica que enfrentan ambos equipos tras el descenso.
Factores personales y políticos
En Quilín deslizan que la ofensiva legal no responde solo a una interpretación normativa, sino también a factores personales y políticos.
- Se apunta al rol protagónico de Jorge Segovia, cuya relación con la dirigencia del fútbol chileno ha sido históricamente tirante.
- Se recuerda el antecedente de 2010, cuando Segovia ganó las elecciones de la ANFP pero no pudo asumir la presidencia por una inhabilidad estatutaria.
Escenario abierto
El conflicto sigue en desarrollo. Mientras Unión Española e Iquique afinan su ofensiva, en Quilín refuerzan su defensa, conscientes de que el desenlace definirá mucho más que dos descensos.
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