Unión Española y Deportes Iquique optaron por no judicializar su denuncia contra la ANFP por el conflicto del descenso 2025, luego de evaluar los escenarios legales, económicos y políticos que rodean al fútbol chileno. La determinación fue adoptada tras un análisis conjunto con el abogado Cristóbal Osorio, a quien ambos clubes contrataron para estudiar la viabilidad de acudir a tribunales.
La principal razón para desistir del camino judicial fue el temor a las consecuencias que podría generar un nuevo conflicto con Turner (TNT Sports), actual dueño de los derechos de transmisión del fútbol nacional. En particular, existía preocupación por una eventual suspensión de partidos o incluso del contrato televisivo, lo que pondría en serio riesgo el desarrollo normal de la temporada 2026.
La opción de recurrir a la justicia se sostenía en una interpretación jurídica que apuntaba a una supuesta incompatibilidad entre las Bases del Campeonato y el reglamento interno de la ANFP. Bajo ese argumento, ambos clubes buscaban evitar el descenso tras una campaña deportiva ampliamente negativa. Sin embargo, en Quilín, el directorio encabezado por Pablo Milad, respaldado por un informe de abogados externos, resolvió zanjar la controversia imponiendo los estatutos de la corporación, lo que en la práctica ratificó la pérdida de categoría de ambos elencos.
Tras esa decisión, Unión Española activó su plan legal y contrató a Osorio, mientras que Deportes Iquique se plegó a la iniciativa, alineándose con la estrategia impulsada desde el club que preside Jorge Segovia. El calendario también era un factor clave: este miércoles se cumplieron 30 días desde que se oficializó el descenso de los hispanos, mientras que el de los nortinos se concretó una semana después. La intención inicial era presentar el recurso antes de que se cumpliera ese plazo, para evitar que fuera declarado extemporáneo.
No obstante, ambas instituciones decidieron dar un paso atrás. Si bien el malestar con la ANFP se mantiene, según pudo conocer El Deportivo, no habrá judicialización del reclamo. Entre los clubes ya se comentaba que Turner podría invocar incumplimientos contractuales si se alteraba el normal desarrollo de la competencia, lo que encendió las alarmas.
Este contexto se ve reforzado por la reciente entrada en vigencia del Cuaderno de Cargos del Licenciatario, un documento de 27 páginas elaborado por la ANFP y TNT Sports, que redefine la relación entre los clubes y la televisora. El texto establece un régimen de fiscalización permanente y sanciones económicas mucho más severas, con multas que van desde 10 hasta 1.000 UF, poniendo un fuerte énfasis en la protección del producto televisivo.
A ello se suma que en noviembre de 2025, la ANFP y Turner pusieron fin a una larga disputa judicial mediante un acuerdo histórico, luego de que en 2024 la Cámara de Comercio condenara a la asociación a pagar US$ 37 millones por incumplimiento contractual tras la suspensión de la competencia durante el estallido social y la pandemia. Dado que el monto era inabordable para los clubes, ambas partes pactaron una fórmula de pago que incluyó modificaciones estructurales en los torneos, como la creación de la Copa de la Liga, un nuevo formato de la Supercopa, la extensión del calendario de Primera División a 12 meses y un descuento en los pagos mensuales que reciben los 32 clubes profesionales.
En la ANFP seguían de cerca los movimientos. Incluso, en Peñalolén se evaluó la posibilidad de solicitar la desafiliación de Unión Española e Iquique si optaban por judicializar el conflicto, idea que fue impulsada por algunos clubes. Pese a ello, en Quilín primó la cautela.
Lo que sí fue una convicción absoluta para el directorio fue que el descenso se ajusta plenamente a la normativa vigente. En una declaración pública, la ANFP sostuvo que la decisión fue adoptada por unanimidad y que ratifica “la plena vigencia y aplicabilidad de las Bases del Campeonato de Primera División 2025”, las cuales establecen que los dos clubes con menor puntaje en la tabla anual descienden a Primera B, condición que recayó en Unión Española y Deportes Iquique.
Además, la entidad enfatizó que ambos clubes conocían y aprobaron dichas bases antes del inicio de la competencia, ya que fueron validadas en el Consejo de Presidentes, con el voto favorable de las propias instituciones afectadas.
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