Pasan los días y continúan los coletazos de la Supercopa. El partido entre Colo Colo y Huachipato, que se suspendió a casi 10 minutos de final del encuentro, por los graves desórdenes de la Garra Blanca, sigue sumando antecedentes. Un partido que prometía ser una fiesta que marcaría el regreso del fútbol al Estadio Nacional, terminó siendo una vergüenza que desnudó los problemas de seguridad en el balompié criollo.
Casi 24 horas después del encuentro, se hizo un balance de los destrozos. El costo de las reparaciones fue avaluado en $ 100 millones: “Se dañaron 300 butacas y sus respectivos soportes resultaron dañados, tanto por la acción del fuego provocado intencionalmente tras la detención del encuentro y por roturas intencionales de los asientos, los que fueron utilizados como proyectiles. Se procederá a su extracción, provisión y reemplazo (…) 100 metros cuadrados de la nueva pista atlética resultaron quemados. Se efectuará la extracción y el reemplazo de las zonas dañadas, según las indicaciones que indica el manual de mantención de la pista. 25 metros cuadrados de rejas perimetrales se vieron afectadas”, entre otros puntos.
En la previa a la realización del encuentro, sin embargo, la Delegación Presidencial autorizó el partido con una serie de requisitos. Entre algunos puntos, se acordó que el aforo permitido fuese de 32 mil espectadores, con 470 guardias privados, 240 validadores o estaciones de trabajo y 88 personas para el cumplimiento de funciones de accesos, según establece el documento al que tuvo acceso El Deportivo.
Además, en el escrito se establecen las autorizaciones que tendrá la barra de cada club para contar con elementos de animación. La parcialidad de Colo Colo, que se ubicó en la galería norte, podría contar con un bombo de 40 pulgadas y un lienzo de 30 metros. Este, según lo acordado, luciría la frase “El orgullo del pueblo”. En el caso de Huachipato, se determinó que podrían ingresar un bombo de 40 pulgadas a la galería sur y un lienzo de 18 metros, que tendría la consigna “Los Acereros”.
Según dicta la resolución, cinco líderes de la Garra Blanca (sin antecedentes pendientes) se hicieron responsables del lienzo. Debían ubicarlo en una zona acordada con Carabineros, para evitar que se tapase la visual de las cámaras del Nacional, entre otras exigencias. En el mismo escrito, se consigna que los elementos de animación debían ser ingresados al Nacional a las 15 horas, casi tres horas antes del partido. Se debían retirar una vez finalizado el partido. Cabe mencionar, que el lienzo que desató la pelea con Carabineros fue el que ingresó sin autorización, con una dedicatoria al fallecido expresidente Sebastián Piñera.
Además, se detalla que “los cinco asistentes consignados en el listado se consideran parte integrante del aforo autorizado en el sector Galería Norte del Estadio Nacional, por lo que deberán portar el respectivo ticket, Asimismo, dichas personas deberán acreditarse previamente ante Carabineros de Chile, quienes se encuentras facultados para revisar los elementos precitados”, advierte.
El comportamiento de los fanáticos responsables del lienzo, sin embargo, estuvo lejos del esperado. No lo colocaron en el lugar establecido tapando la visión de las cámaras del plan de seguridad. Se les advirtió de la falta, pero de igual forma no hicieron caso. Además, ingresaron a la pista de recortán, lo que se le atribuye una falta grave al ser considerado como invasión a la cancha.
Frente a tal escenario, la ANFP, en su rol de encargado del espectáculo, decidió aplicarles el derecho de admisión, que finalmente los bloquea en el sistema y no les permite el ingreso a los diferentes estadios del país.
Según consigna Estadio Seguro, “el derecho de admisión corresponde al derecho-deber que tiene el organizador de espectáculos de fútbol profesional de prohibir el acceso a eventos deportivos a todos quienes realicen o provoquen conductas que pongan en riesgo o amenacen la seguridad de las personas o bienes públicos o privados en eventos de fútbol profesional, teniendo como resultado no poder ingresar a ningún recinto deportivo del país”, explican en la página de Estadio Seguro.
Durante la semana pasada, Yamal Rajab, el gerente de Ligas de la ANFP, analizó el duro momento que se vive por la violencia en los estadios. “Nosotros cumplimos con todas las exigencias que pide la autoridad, pero ningún ente privado está facultado para combatir el delito”, dijo el funcionario de la sede de Quilín.
Incluso, fue un poco más allá en sus críticas, tras contrastar la delincuencia con las actividades cotidianas del país, al menos en términos prácticos. “Nosotros no tenemos que hacernos cargo de desbaratar organizaciones criminales aunque actúen en el fútbol, es como que obliguen a cerrar los malls porque hay muchos asaltos”, explicó el gerente de la ANFP.
Fuente: La Tercera
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